Desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de
Biocombustibles, entidad que agrupa a la totalidad de las empresas productoras de
biodiesel de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, rechazamos cualquier
intento de modificar la Ley 27.640 de Biocombustibles para regular la industria en favor
de las grandes aceiteras concentradas en Santa Fe.
En primer lugar queremos señalar que la ley 27.640 de Biocombustibles está
vigente y establece un marco normativo de promoción para el sector con vencimiento
en 2030. Este régimen, continuador con modificaciones de la primera Ley de
Biocombustibles número 26.093, fue determinante para la realización de inversiones
conforme las prioridades de emplazamiento y tamaño que el propio Estado definió.
Introducir cambios de la magnitud de los planteados en el proyecto original o
en otros alternativos que aparecieron durante el tratamiento legislativo, implica una
variación de las reglas de juego que vulneran la seguridad jurídica que tanto se
pregona y pretendemos se institucionalice en Argentina . Acaso, ¿no es el propio
proyecto del Poder Ejecutivo el que prevé un régimen de incentivos para grandes
inversiones con beneficios y protección de derechos adquiridos en el tiempo?
Apoyamos este tipo de iniciativas, pero a la vez nos preguntamos, sin respuesta
clara, por qué estos instrumentos son aptos para nuevos proyectos y, a la par, hay que
destruir uno que está vigente con plazo determinado y genera actividad y empleo en el
interior. ¿Por qué estos supuestos regímenes de beneficios sirven para proyectos futuros y
no para mantener los vigentes por tiempo determinado?
Observamos con preocupación que tras la vuelta a comisión de la “Ley
Ómnibus” otros actores del sector elaborador de biocombustibles, que
oportunamente plantearon su negocio por fuera del régimen vigente y con destino al
mercado externo, ahora se comportan como paladines de la desregulación cuando lo
que quieren es regular a su favor. Es decir, propugnan la libre competencia pero eligiendo
contra quienes competir.
Con el régimen vigente las Pymes que invirtieron en base a él, no pueden entrar en
un sistema de libre competencia como se pretende. No pueden hacerlo contra las
compañías integradas que tienen una escala hasta 10 veces más grande y su capacidad
instalada triplica las necesidades del mercado local; además de ser los productores de la
materia prima que estas Pymes requieren. Tampoco contra compañías no integradas o de
menor tamaño radicadas en el cinturón del Gran Rosario, por la desventaja que implica su
emplazamiento lejos del puerto, tal como se pretendía con un dictamen alternativo atribuible
a la Provincia de Santa Fe.
Instamos tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo a analizar el
tema para revisar posturas. Nadie podrá demostrar que cambios como los
propuestos incrementarán la actividad vía nuevas inversiones en el sector. De hecho
la industria del biodiesel tiene una capacidad instalada que triplica el consumo local. Solo
generarán un cambio de reparto en favor de quienes plantearon inversiones destinos de
exportación, en perjuicio de localidades y pueblos del interior que hoy tienen en las Pymes
productoras de biocombustibles actividad y empleo que no pueden reemplazar de un día
para otro.
No nos oponemos a rediscutir aspectos que se puedan mejorar el régimen en
la medida que ello no implique su punto final seis años antes de lo legislativamente
previsto. Menos aún a maquillar una desregulación, cuando lo que se pretende es cambiar
el destinatario de la regulación en favor de actores que planificaron sus inversiones con otro
objetivo de negocio o, en algún caso, generar privilegios solo por ubicación geográfica. El
juego limpio implica respetar a cada uno de los actores del negocio el marco de
referencia con el que plantearon sus inversiones.
Federico Martelli
Director Ejecutivo
CEPREB
