En un comunicado conjunto, la Cámara de Empresas Pymes Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) y la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) denunciaron que el Gobierno publicó un precio de venta del biodiesel para el mes de abril “de manera arbitraria, ilegal y discriminatoria”.
“En esta oportunidad, la Secretaría de Energía publicó un precio para el mes de abril sin considerar lo dispuesto por la ley 27.640, los costos reales que tiene la industria y a tan solo 5 días de la finalización del mes para el cual se determinó dicho precio (sin efecto retroactivo)”, arranca el comunicado.
Y agrega: “Esta medida no hace más que contribuir a la destrucción del aparato productivo pyme nacional y el empleo genuino en el interior del país, poniendo en riesgo la continuidad misma del régimen, atentando así contra el desarrollo de las economías regionales, el agregado de valor en origen e industrialización de la ruralidad, la diversificación de la matriz energética a través de combustibles renovables de origen nacional, la desconcentración económica mediante la pluralidad de actores, la sustitución de importaciones de gas oil, y la preservación del ambiente y la salud”.
La industria del pyme del biodiesel reúne alrededor de 40 plantas, distribuidas de manera federal en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, Córdoba y San Luis. En conjunto emplean más de 2000 trabajadores de manera directa y más de 10 mil de manera indirecta. Contribuyen al desarrollo de las economías regionales direccionando la inversión a ciudades pequeñas y pueblos donde atraen profesionales y generan oportunidades de trabajo de ingresos medios y altos.
El precio es fijado por la Secretaría de Energía de acuerdo a la propia ley debe garantizar una rentabilidad lógica. Ahora fijó otra vez un 4% mensual. La última vez, la Secretaría de Energía fijó un sendero de precios que estipulaba un aumento del 4% mensual de noviembre a marzo, mientras que la inflación fue de 4.9% en noviembre, 5.1% en diciembre, 6% en enero. Además, las compañías refinadoras, quienes compran el biodiesel para la mezcla, pagan a 60 días, por lo que las pymes de biodiesel vuelven a perder margen por inflación
“Resulta evidente, e ineludible, la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional en los efectos negativos que, en materia social, ambiental y económica, está generando -deliberadamente- al no permitir al sector operar de manera previsible, sostenible y sustentable”, dijeron las entidades.
Fuente: EXPEDIENTE POLÍTICO
